La presión de sindicalistas y de distintos actores sociales para promover una modificación al alza del piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias ha comenzado a marcar la agenda política del primer mes del año. Los reclamos tanto de la CGT oficialista, que conduce el metalúrgico Antonio Caló, como los de la central obrera opositora que lidera Hugo Moyano, como los de la CTA que orienta Pablo Micheli, se han ido progresivamente unificando en este punto, lo que muestra la amplísima adhesión que tiene el planteo- aún cuando pueda sugerirse diferencias en los planteos. Un reciente informe revelado por la organización gremial oficialista, en base al índice de precios de nueve provincias, estima que el umbral del salario mínimo no imponible debería alcanzar los $ 9.134 para los solteros sin hijos y $ 12.494 para las casados con dos hijos. Desde abril de 2011, cuando se modificó por última vez el impuestos, los pisos se mantienen en $ 5.782 para los primeros y $ 7.998 para los segundos. Esta central sindical considera que el tributo debería afectar únicamente a los trabajadores de los ingresos más altos, en consonancia también con las exigencias que han ido haciendo conocer las otras organizaciones gremiales. Este informe también dice que los sindicalistas afines al oficialismo no están dispuestos a aceptar los pedidos de moderación de los reclamos de aumentos salariales que ministros y funcionarios de alto nivel del Gobierno nacional han formulado, para cuando avancen las discusiones en las paritarias. El empuje de la inflación y sus efectos nocivos en la economía -según expertos este año podría estar en el 30 %- es otro factor que divide el espacio oficialista.
Así, Caló, y un grupo de dirigentes enrolados en la central oficialistas serán recibidos el lunes por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a quien le plantearán la preocupación por los alcances del Impuesto a las Ganancias y de la creciente inflación. Para ellos estos factores condicionan las subas salariales, y por eso no aceptarían cerrar una paritaria del 20% -como sugirieron funcionarios del Poder Ejecutivo- sin antes conseguir una mejora en el mínimo de Ganancias o un compromiso para reformar el gravamen. Pero, las primeras negociaciones salariales de este año arrancaron con diferencias y conflictos. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines exigió una suba del 23%; las entidades empresariales ofrecieron un 16%; ahora están en conciliación obligatoria; en otro caso testigo el Ministerio de Trabajo se negó a homologar el alza salarial de un 25%.
Hay que decir que la complejidad del panorama tiene un responsable: el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se ha negado a subir el mínimo para favorecer la recaudación impositiva y sus urgencias de gastos. Esa decisión y la actitud de negar porfiadamente los alcances de la inflación (habría cerrado 2012 en el 24,9%, según cálculos privados, más del doble de la estimada por el Indec) han generado un cuadro que no resiste más parches. Los gremios enfrentan un desafío que difícilmente los empresarios podrán resolver sin trasladar a precios los mayores costos que surjan de los nuevos pactos salariales, en un círculo dañino para todos, pero especialmente para los sectores de más bajos recursos. En este contexto, surge como razonable y oportuno el impulso a un gran acuerdo de fondo entre los sectores de la empresa, el trabajo y el Gobierno para detener este proceso vicioso y destructivo, con vista a la reformulación de la política económica. Más que nunca se necesita un rumbo responsable y una estrategia esperanzadora.